El gobierno de Sri Lanka celebra haber cumplido con las metas de recortes de austeridad establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que los trabajadores y los sectores oprimidos se hunden cada vez más en la pobreza.

En un discurso pronunciado el 26 de agosto ante diplomáticos en Colombo, el gobernador del Banco Central, Nandalal Weerasinghe, declaró que la economía se había recuperado hasta alcanzar “casi el nivel observado antes de la crisis”—el colapso económico que condujo a un incumplimiento de la deuda en 2022. Citó mayores ingresos gubernamentales, mejores saldos fiscales y avances en la reestructuración de la deuda.

Anteriormente, el 18 de agosto, en declaraciones a Bloomberg Television durante una gira promocional de “Invest Sri Lanka” en Australia, Weerasinghe instó a los inversionistas extranjeros a “echar una nueva mirada” a Sri Lanka. Afirmando que la economía se estaba “recuperando satisfactoriamente”, dijo que “este es el momento” de invertir.

Destacó un crecimiento económico de alrededor del 5 por ciento y la mejora de las reservas de divisas. Esta “recuperación”, supervisada por el gobierno del Poder Popular Nacional (JVP/NPP), liderado por el Janatha Vimukthi Peramuna, está beneficiando a la élite capitalista adinerada de la isla, a costa directa de millones de trabajadores, agricultores y la población rural pobre.

La estabilización económica lograda desde 2022 se ha basado en hacer que los trabajadores paguen por la crisis mediante impuestos más altos, salarios reales reducidos, recortes al gasto público y precios más elevados.

En una señal de que el gobierno está comprometido a profundizar sus medidas de austeridad, el director general del Departamento de Política Fiscal, M.K.C. Senanayake, declaró el 30 de agosto que «se cumplirán todas las condiciones» para la séptima revisión del Servicio Ampliado del Fondo del FMI. Funcionarios del FMI visitarán Sri Lanka la próxima semana para llevar a cabo la revisión.

La octava y última revisión está prevista para principios de 2027, cuando finalice el rescate del FMI de cuatro años y 3 mil millones de dólares. Ya se están llevando a cabo conversaciones para un programa sucesor del FMI.

La presión se intensificará a medida que aumenten los pagos de la deuda externa. El viceministro de Finanzas, Anil Jayantha Fernando, informó al Parlamento que Sri Lanka enfrenta pagos de deuda externa por alrededor de 3,9 mil millones de dólares en abril de 2028, y el FMI ha estimado que el servicio anual de la deuda externa oscilará entre 3,2 y 3,5 mil millones de dólares a partir de ese año. El gobierno responderá exigiendo más recursos a la población trabajadora para satisfacer a los acreedores internacionales.

Esto no es un fenómeno exclusivo de Sri Lanka. Los gobiernos de todo el mundo están haciendo que los trabajadores carguen con el costo de la crisis capitalista y la guerra imperialista, mientras protegen los intereses de la élite financiera y empresarial.

El Banco Mundial estima que la pobreza se mantiene cerca del 22 por ciento, mientras que el 10 por ciento de la población vive apenas por encima de la línea de pobreza. El Programa Mundial de Alimentos informa que el 39 por ciento de los hogares tiene una alimentación inadecuada, mientras que casi un tercio de los niños menores de cinco años sufre de desnutrición. Estas cifras ponen de manifiesto la brecha entre las afirmaciones del gobierno y del banco central y la realidad que enfrentan millones de personas.

La creciente carga sobre los trabajadores se refleja en una impactante caída del 33 por ciento en los salarios del sector público desde 2022. El sector privado no está mejor: el economista Nishan de Mel citó recientemente datos del fondo de previsión (EPF) que muestran que el 92 por ciento de los empleados formales del sector privado ganan menos de 100.000 rupias ($305) al mes.

Los precios de los bienes esenciales siguen subiendo drásticamente: un kilogramo de harina de trigo subió un 9 por ciento la semana pasada, hasta alcanzar las 207 rupias. La inflación oficial alcanzó el 8 por ciento el mes pasado.

Una comparación reciente basada en datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) situó a Sri Lanka en el puesto 120 entre 130 países en cuanto a salarios mínimos ajustados al poder adquisitivo, con un equivalente de solo 200 dólares al mes. Esto lo coloca por debajo de Pakistán, Nepal, Bangladés e India.

La magnitud del saqueo queda al descubierto en los estados financieros de las propias empresas insignia de la élite gobernante. John Keells Holdings —el mayor conglomerado cotizado de Sri Lanka, con intereses en banca, seguros, hoteles, puertos, té, producción de alimentos y supermercados— cerró el año fiscal que finalizó en marzo de 2026 con una utilidad atribuible a los accionistas que aumentó un 155 por ciento hasta alcanzar los 13,24 mil millones de rupias, sobre una utilidad recurrente antes de impuestos que se disparó un 143 por ciento hasta los 35,72 mil millones de rupias.

Commercial Bank, el banco privado más grande de Sri Lanka, reportó una utilidad de 17,49 mil millones de rupias para el trimestre que terminó en junio de 2026, un aumento de casi el 8 % interanual, lo que elevó la utilidad del primer semestre de 2026 a 34,9 mil millones de rupias —un incremento del 13,56 % respecto al mismo período de 2025—.

Las condiciones del rescate del FMI exigen que el gobierno alcance un superávit presupuestario primario del 2,3 % del producto interno bruto (PIB) en 2027, al tiempo que mantiene el gasto primario dentro de un límite máximo del 13 % del PIB. Para lograrlo, el FMI exige medidas de austeridad más drásticas, que incluyen mayores ingresos fiscales, un control estricto del gasto público, la reestructuración de las empresas estatales y la continuación de la fijación de precios basada en los costos para la electricidad, el combustible y otros servicios públicos.

Esta agenda está avivando la ira entre los trabajadores y las masas rurales, a quienes se está empujando hacia un conflicto con el gobierno y el sistema capitalista que este defiende. Los empleados del gobierno —incluidos los funcionarios de Grama Niladhari (administración local), funcionarios de desarrollo, farmacéuticos e inspectores de salud pública— han emprendido acciones sindicales por los bajos salarios, el deterioro de las condiciones laborales y el aumento de la carga de trabajo. Los maestros han protestado por los aumentos salariales y las promociones no pagados.

Más de 1.000 trabajadores de la fábrica azucarera de Sevanagala han iniciado una huelga indefinida por cuestiones salariales, y los productores de caña de azúcar han protestado por los retrasos en los pagos.

Los agricultores enfrentan una presión cada vez mayor debido al aumento de los costos de producción y a los precios insuficientes que reciben por sus cosechas. Los productores de arroz han protestado por la escasez de fertilizantes, los retrasos en los subsidios y los precios controlados por el gobierno que no cubren sus costos.

El 2 de septiembre, varios cientos de estudiantes, principalmente de medicina, se manifestaron en la Universidad de Peradeniya para exigir mejores instalaciones universitarias y oponerse a la privatización.

El gobierno está respondiendo preparándose para reprimir por la fuerza a la oposición. Ya ha recurrido a la Ley de Servicios Esenciales y a regulaciones de emergencia para restringir las huelgas. Una nueva ley antiterrorista, que reemplazará a la infame Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), aumentará aún más los poderes represivos del Estado. También se está aumentando el reclutamiento de agentes de policía.

Los partidos de oposición no ofrecen ninguna alternativa. El Samagi Jana Balawegaya (SJB) apoya que se mantenga la disciplina impuesta por el FMI y ya ha pedido un programa sucesor del FMI. La cuestión que enfrentan los trabajadores no es qué partido capitalista debería administrar la austeridad, sino cómo luchar contra la agenda que todos comparten.

Los trabajadores se ven cada vez más obligados a iniciar luchas desafiando a los sindicatos oficiales, que buscan confinarlos a llamamientos aislados e inútiles al Estado capitalista y a los patronos. Los trabajadores deben romper el yugo de la burocracia sindical, que existe para hacer cumplir las exigencias de las grandes empresas.

Para construir una lucha unida contra los implacables ataques de la clase capitalista, los trabajadores deben formar sus propios comités de acción independientes: órganos de base, controlados democráticamente por los trabajadores y que no rindan cuentas ante ningún dirigente sindical, ningún partido capitalista ni ninguna organización de pseudoizquierda.

Solo esos comités, construidos en los lugares de trabajo de todos los sectores de la economía y unidos a los campesinos, los estudiantes y los pobres del campo, pueden dotar a las luchas dispersas que se están desarrollando actualmente de un programa y una dirección comunes.

Estos comités deben unirse y construir la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base, para unir a los trabajadores de Sri Lanka con los de la India y otros países que enfrentan las mismas condiciones de pobreza y explotación cada vez más graves. Lo que se requiere es una lucha internacional contra el sistema capitalista en sí mismo, basada en una perspectiva socialista.

Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de septiembre de 2026)